Arrendamiento de petróleo y gas en nuestras tierras publicas
El proyecto de ley emblemático del presidente Trump, la «One Big Beautiful Bill Act», restringe la capacidad de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) de decir «no» a la puesta a disposición de tierras publicas para el arrendamiento de petróleo y gas, incluso en respuesta a las preocupaciones locales. El proyecto de ley pone a la industria del petróleo y el gas al mando de nuestros terrenos públicos, exigiendo a la BLM que ponga a la venta todas las parcelas elegibles de terrenos públicos que la industria solicite para la perforación de petróleo y gas. Esto incluye tierras que entran en conflicto con importantes recursos y valores de las tierras publicas, como el hábitat de la fauna salvaje y las zonas recreativas. Este planteamiento hace caso omiso de las preocupaciones de las comunidades locales, los condados, los estados, los cazadores, los pescadores, los recreacionistas y los ganaderos. Colorado ya está viendo los efectos de este proyecto de ley, con la BLM ofreciendo más de un cuarto de millón de acres de tierras publicas en nuestro estado a la industria del petróleo y el gas sólo en el último año. La industria ya ha propuesto cientos de miles de acres más en Colorado, por lo que podemos esperar que estas ventas de arrendamientos sigan creciendo en tamaño y conflicto.
Desmantelamiento de nuestras Agencias Federales
El plan de la administración Trump de cerrar la sede nacional, las oficinas regionales y las instalaciones de investigación y desarrollo del Servicio Forestal es una estratagema apenas velada para diezmar nuestras tierras publicas desmantelando la agencia que gestiona nuestros bosques nacionales. El «traslado» de la sede del Servicio Forestal a Utah desarraigará, desmoralizará y, en última instancia, eliminará al personal y los conocimientos especializados, como vimos cuando la primera administración Trump empleó la misma estrategia despiadada contra la Oficina de Gestión de Tierras. Esta reorganización arrolladora e infundada causará un daño real a nuestros bosques nacionales, en un momento en que nuestras tierras publicas ya se están tambaleando por los drásticos recortes de financiación y personal, especialmente aquí en Colorado donde información reciente del Colorado Sun reveló que Colorado ha perdido casi 1.800 puestos de gestión de tierras federales-la mayor pérdida de cualquier estado del país- como consecuencia de los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración en 2025.
Eliminar la conservación en tierras publicas
La administración Trump está derogando políticas clave que permiten la conservación de nuestras tierras publicas y aguas. La Administración ha derogado por completo la Norma de Tierras Publicas de la Oficina de Gestión de Tierras, que equiparaba la conservación a otros usos múltiples, como la extracción y el desarrollo energéticos. Esta norma establecía que la conservación de la tierra y el agua, el acceso a la naturaleza, la protección del hábitat de la fauna y los recursos culturales, y la lucha contra el cambio climático son tan importantes como el desarrollo energético y otros usos industriales. Sin la Norma sobre Tierras Publicas, la BLM perderá importantes herramientas para conservar nuestras tierras publicas para las generaciones presentes y futuras.La administración Trump también está derogando la Norma sobre Tierras sin Carreteras, que protege millones de acres de bosques nacionales silvestres de todo el país del desarrollo destructivo, y está eliminando las «retiradas de minerales» de paisajes importantes como Boundary Waters y el Cañón Chaco, que protegían esas zonas de la minería y las perforaciones de petróleo y gas.
Ataques a la Ley Nacional de Política Medioambiental
La administración Trump ha derogado casi todas las normas de aplicación de la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA), la ley más importante de nuestro país para examinar las repercusiones medioambientales de las acciones propuestas y garantizar que el público tenga la oportunidad de participar en las decisiones que afectan a nuestro entorno común. La derogación de estas normas limitará drásticamente la capacidad del Servicio Forestal y de la Oficina de Gestión de Tierras para evaluar a fondo las repercusiones de los proyectos perjudiciales en nuestras tierras publicas, actuar para proteger la fauna, el agua y las áreas silvestres de esas repercusiones, e incluir a las comunidades locales en esas decisiones. Por ejemplo, muchos proyectos en nuestras tierras publicas locales, como las perforaciones de petróleo y gas y la explotación maderera, pueden quedar exentos de participación pública según los nuevos procedimientos. El Congreso también está proponiendo legislación para debilitar significativamente la NEPA con el pretexto de la «reforma de los permisos».
